Logo

LOS padres de una estudiante que fue arrestada y presuntamente agredida por una agente en un incidente ocurrido hace un año en una escuela en Canóvanas, a raíz de una visita en las proximidades del gobernador Luis Fortuño, demandaron por $35.5 millones al superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, y a más de una docena de agentes.   
En la demanda, presentada el pasado viernes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, el matrimonio integrado por Brian Salicrup Fernández y María Ramos Santiago, reclama la millonaria compensación para sí y sus hijos menores, Valerie y Jesús Fernández Ramos.
  
Valerie, una estudiante de 17 años, se alega que fue arrestada ilegalmente y maltratada en violación a sus derechos civiles por la agente Ginnette Rosado, contra la que también se dirige la acción legal, al igual que el coronel José Caldero López, entonces director de la región policial de Carolina, el capitán José Luis Díaz Portalatín y una decena de agentes, todos en su carácter personal. 
 
Como causa para la petición judicial se esgrimen daños producidos por la detención ilegal de la menor, uso excesivo de fuerza y por lesiones graves “causadas a la parte demandante”, entre otros aspectos.   
El incidente que dio origen al arresto de Valerie, se produjo el 9 de octubre de 2009 cuando el gobernador Fortuño visitó un residencial en la municipalidad de Canóvanas y los estudiantes de la escuela pública “Luis Hernaiz Veronne” presuntamente lanzaron huevos y piedras contra vehículos que transitaban por allí, lo que dio paso a la intervención de la Fuerza de Choque.   
El saldo fue de un adolescente macaneado en la cabeza, nueve estudiantes detenidos, incluido uno de 12 años, y seis policías heridos, según se reportó en la ocasión.   
Se advierte en la demanda que la adolescente Fernández Ramos fue perseguida, agredida y esposada por la agente Rosado en “flagrante violación a los derechos civiles” de la demandante.   
Los padres de Valerie, representados por los abogados Eileen Landrón Guardiola, Eduardo Vera Ramírez y Luis Rodríguez Muñoz del bufete Landrón y Vera, apuntan que la Policía actuó en abierta contravención a las constituciones y leyes de Estados Unidos y Puerto Rico, aparte de no tomar medidas provisorias ante la visita del gobernador Fortuño, en medio de protestas por la aplicación de la Ley 7 de Emergencia Fiscal que causó el despido de miles de empleados públicos.   
En la demanda se reclaman $10 millones por daños generales infligidos a la alumna arrestada; $5 millones para sus padres, $500,000 para el hermano y $20 millones en daños punitivos, además de los gastos y honorarios de los abogados.